En México se ha intentado erradicar las prácticas anticompetitivas y detener la operación de oligopolios a través del Artículo 28 Constitucional y la Ley Federal de Competencia, entre otros ordenamientos.

Estos intentos han sido ineficaces, pues las prácticas anticompetitivas continúan con el consecuente daño a la economía.

En 2010, la Cámara de Diputados aprobó la “Iniciativa Antimonopolios”, que incluye reformas a diversos ordenamientos legales, con el propósito de dar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia.

Ante la iniciativa, se argumentó por un lado que la CFC sería juez y parte, y por otra parte, se señaló que ante el poderío de los oligopolios y lo incipiente de esta regulación en México, todavía le faltarían facultades adicionales.

El propósito de este debate es analizar los puntos específicos de esta iniciativa, a punto de ser discutida en el Senado en Septiembre de 2010, para presentar una crítica especializada a su contenido, focalizada en sus puntos torales: ¿Es adecuada para detener la operación de oligopolios en México?, y ¿Afectan sus disposiciones las garantías individuales de los empresarios?

Brindemos el espacio a Rafael Valdés-Abascal y a Eduardo Pérez-Motta, para que nos compartan libremente sus puntos de vista al respecto.
Invitamos a los lectores a emitir sus comentarios, y votar sobre las respectivas posiciones.